El pasado verano, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó la dotación presupuestaria que tendrían las comunidades autónomas en 2023. La Generalitat de Cataluña tenía derecho a 3.098 millones de euros más para el próximo año, alcanzando los 26.650 millones en transferencias. La llegada de estos recursos será automática con la aprobación de las Cuentas del próximo ejercicio. Siempre y cuando estén aprobados. La crisis del Gobierno, con la militante Junts llamada a votar si mantiene su coalición con ERC, que no se sabrá hasta la tarde del viernes, deja en el aire estos nuevos recursos.
A la espera de una decisión, las negociaciones que mantiene el actual titular de Economía y Finanzas, Jaume Giró -uno de los simpatizantes que siguen dando vida al Ejecutivo-, con En Comú Podem y el PSC están congeladas y amenazan con un calendario presupuestario aún más estricto. La tramitación, según fuentes del Departamento de Economía y Hacienda, sigue su curso en el seno del Gobierno, donde hace unas semanas se envió a los distintos departamentos su propuesta de distribución del dinero, y se esperaba la respuesta para el viernes.
El problema es que la caída del Ejecutivo presidido por Pere Aragonès amenaza con hacer saltar por los aires lo que debería ser la actualización automática del techo de gasto del Gobierno autonómico. El esquema con el que trabaja Giró, y que aprobó el Consell Executiu, es el de recursos de 33.113 millones de euros. Si no se puede aprobar una nueva ley de presupuestos, ese 10% del dinero debe añadirse a los gastos disponibles mediante acuerdos específicos aprobados por el Consell Executiu a través de las generaciones de crédito presupuestario. Es la fórmula para activar los recursos disponibles en artículos de gasto, un movimiento similar al que realiza un participante del casino: para validar su dinero en el establecimiento y poder apostar, primero debe convertirlo en fichas.
Los partidos de la oposición que negocian con el Gobierno aún no han tirado la toalla. Los comunistas creen que todavía hay margen de maniobra si ERC decidiera gobernar en solitario, mientras el PSC sigue con su política de mano tendida. En el caso de las Junts de partida, ambas formaciones serían imprescindibles para la aprobación de la ley. Algunas fuentes parlamentarias creen que una vez que Giró haya elaborado el esquema, quien sustituya al Departamento de Economía y Hacienda podría reconducir rápidamente la negociación. El presidente Pere Aragonès aseguró este miércoles al Parlamento que el Ejecutivo está «trabajando en el presupuesto», que incluirá un plan social de 300 millones de euros.
Una de las dudas es si ERC se abrirá entonces a negociar presupuestos con el PSC, a lo que se ha negado en los últimos años. El grupo liderado por Salvador Illa no ha dejado de mostrar su disposición a la concertación y ha registrado una moción en el Parlamento en la que fija sus prioridades para 2023. Se trata de levantar las partidas de sanidad y educación y poner en marcha un plan de choque a favor de la población más vulnerable. Su posición no dista mucho de la de Catalunya en Comú, que prioriza la lucha contra la inflación, la movilidad sostenible, el refuerzo del estado del bienestar y las ayudas a los municipios. De hecho, la posición de ambas partes no dista mucho de la de Junts, con derecho exclusivo a vetar cualquier medida que suponga una reducción de la presión fiscal sobre las altas rentas, con la eventual reducción del impuesto sobre el patrimonio.
Giró, en un discurso parlamentario este martes —»Llevo año y medio en política, no sé cuánto tiempo más estaré», admitió sobre la incertidumbre del momento—, argumentó que había ningún acuerdo para tocar la fiscalidad, aunque se mostraría partidario de rebajar este impuesto que grava a quienes tienen más inmuebles, en especial de subir el mínimo exento en bienes de 500.000 a 700.000 para que «los pequeños bienes sean competitivos con el resto de comunidades autónomas». ”, y desinflar el IRPF para suavizar el impacto de la subida de precios.
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El impacto de los 3.100 millones es el principal problema que alarga los Presupuestos de 2022, aunque no el único. Esta congelación limita el margen de movimiento del Gobierno para activar nuevas políticas -tendrá que adaptarse a las del año pasado- del mismo modo que tendrá que asumir una dinámica farragosa en el Consell Executiu para encauzar las transferencias a Cataluña que se introduzcan en los Presupuestos Generales del Estado acordados por PSOE y Uniti Putem y que ahora requerirán la búsqueda de una mayoría en las Cortes.
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