El juzgado de instrucción número 13 de Valencia, que investiga el caso Azud, llamado a declarar como investiga el exconsejero de Hacienda del PSPV José María Cataluña; empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de Valencia para los siguientes días 13, 14 y 15 de diciembre, según se determine mediante resolución. Serán 13 personas en total.
La causa investiga un presunto «morder» a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana por adjudicatarios de licitadores que presuntamente realizaban facturas ficticias.
En el caso de Cataluña, cuya vivienda en Gilet (Valencia) se registró en abril de 2021 en la primera fase de la operación, está prevista para las 14:30 horas del 14 de diciembre.
En el expediente Azud, del que procede el juez del Juzgado de Instrucción núm. 13 Valencia acordó en abril del año pasado levantar parte del sumario secreto, se investigan los delitos de tráfico de influencias, estafa, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización delictiva. En el caso, más de medio centenar de personas físicas y jurídicas figuran como investigadas.
Entre los investigados se encuentra el ex teniente de alcalde de Valenciano con el PP y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau.; el cuñado del exalcalde y abogado, José María Corbín, y su familia; el exconcejal socialista y exdiputado de Gobierno, Rafael Rubio; exjefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera; la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú y un exalcalde, empresarios como Jaime Febrer y el mismo Cataluña.
Para el día 13, el juez citó a empresarios y exdirectivos de Acuamed entre 2006 y 2008; el día 14, además de Cataluña, administradores y promotores de empresas y un alto cargo del Ayuntamiento de Valencia, y el día 15, otro empleado público que era secretario de la mesa de contratación del consistorio; otra empleada, que es la mujer de Rubio, y dos administradores de empresas.
OBRAS INTERVENIDAS
La información recabada del exdirigente socialista -suspendido en el servicio activo tras su imputación- llevó a los investigadores a realizar el pasado mes de octubre nuevos allanamientos en Madrid y la Comunidad Valenciana -en relación con una pieza secreta de Azud- en busca de documentación relacionada con supuestas comisiones por la adjudicación de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó, subastado por Aguas del Júcar, dependiente del ministerio cuando lo dirigía Cristina Narbona.
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